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¿Se está restringiendo el trabajo de periodistas?

 

En general los periodistas de América Latina sienten que sí se ha restringido o limitado el acceso a la información pública desde que estalló la emergencia del covid-19.

 

El caso más extremo es el de Honduras, donde el presidente Juan Orlando Hernández decretó el estado de emergencia y suspendió varios artículos de la Constitución, incluyendo el que protege el derecho a la libertad de expresión.

 

Esa decisión le ocasionó duros cuestionamientos al Gobierno. «Es el tipo de medidas desproporcionada y que afecta el derecho de la población a acceder a información completa sobre el Covid-19», dijo Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). «No debe abusar de esas medidas para limitar la libertad de expresión, particularmente en un momento cuando los medios desempeñan un papel fundamental para mantener a la sociedad informada y segura», dijo el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) global.

 

Más allá de Honduras, en al menos otros ocho países los periodistas citan una menor disponibilidad de información pública.

 

 

 

 

En El Salvador, el gobierno restringe quién tiene acceso a los espacios de información pública  y no permite preguntas a medios que considera críticos, entre los cuales está El Faro, integrante de nuestra alianza.

 

Aunque el gobierno de Nayib Bukele ha sido enfático en que no busca restringir el derecho a la libertad de expresión, en la práctica ha sido la Asamblea Legislativa la que ha logrado salvaguardarlo. Por ejemplo, cuando aprobó el estado de excepción, fue la Asamblea la que incluyó un artículo que establece que el Gobierno no puede limitar la libertad de expresión. Asimismo, cuando aprobó fondos de emergencia a través de préstamos millonarios y autorizó suspender la Ley de Contrataciones para permitir compras rápidas, el legislativo incorporó cláusulas que prohíben la reserva de información.

 

Aún así, las oficinas de información y respuesta (OIR) que deben velar por el respeto a la Ley de Acceso a la Información Pública, no están funcionando y anunciaron que solo admitirían solicitudes de información pública tras finalizar la cuarentena decretada, por lo que en la práctica el Gobierno salvadoreño sí ha conseguido restringir de manera temporal el acceso a la información.

 

Las quejas de que la información disponible es limitada son frecuentes, incluyendo que se ha vuelto más difícil obtener datos adicionales a los que ya son públicos y que no hay respuestas a las preguntas hechas a las autoridades.

 

En Costa Rica, los periodistas envían sus preguntas a un chat de Whatsapp previo a la conferencia de prensa diaria del Gobierno, pero con frecuencia no son leídas y o no reciben respuestas claras.

 

En Guatemala, el secretario de comunicación de la Presidencia ha bloqueado la participación de los periodistas durante varias días en el chat de información oficial del gobierno para evitar cuestionamientos sobre el manejo de la crisis sanitaria, por lo que se publicó un comunicado firmado por 97 comunicadores.

 

Aunque los periodistas no sienten que sus gobiernos estén usando esta coyuntura para restringir la libertad de expresión, sí creen que los sistemas de información sobre salud pública no son suficientes para permitir un periodismo riguroso, con base en evidencia y que intente mirar la respuesta al Covid-19 en su complejidad.

 

En Ecuador, por ejemplo, el gobierno de Lenín Moreno creó un mecanismo de ruedas de prensa virtuales mediante el cual los periodistas enviaban sus preguntas, pero no había claridad sobre cuál era el proceso para seleccionarlas, ni quién lo hacía. Después de una queja pública firmada por varios periodistas ecuatorianos, ahora las ruedas de prensa se hacen por Zoom con posibilidad de preguntas.

 

En Perú, los periodistas piden que se brinde información más segregada por parte del Ministerio de Salud en sus reportes diarios, incluyendo las características demográficas de los casos positivos así como de los fallecidos. Además, piden informar sobre las regiones con el mismo nivel de detalle con el que se informa sobre Lima, tanto los datos de los pacientes como el número de equipos y camas disponibles.